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Con la salida efectiva de la Unión Europea por parte de Reino Unido el pasado 1 de enero de 2021, las personas físicas y jurídicas británicas necesitarán un autorización militar para la adquisición por cualquier título de fincas rústicas o urbanas en zonas consideradas de interés para la Defensa Nacional.
La nueva ley viene a consolidar una práctica habitual ente los gobiernos autonómicos, aunque ha sido cuestionada por el propio Tribunal Supremo. Esto implica que va a ser a través del catastro que se establezca el valor de los inmuebles, una práctica que en la mayoría de los casos supone que el valor de un inmueble no se corresponde con lo que consta en la escritura y, por lo tanto, puede exceder el propio valor del mercado. Y eso implica pagar más impuestos.
La resolución pretende establecer un sistema de coordinación entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, para que éste incorpore la descripción gráfica georreferenciada de las fincas registrales, utilizando como base la cartografía catastral.
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